[eside-ghost] Fw: [Hl-donostia] nuevas leyes para el control y seguimiento de las comunicaciones moviles

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Date: Thu, 14 Jul 2005 22:08:36 +0200
From: "josema" <josemaiglesias en yahoo.es>
To: <hl-donostia en listas.sindominio.net>
Subject: [Hl-donostia] nuevas leyes para el control y seguimiento de las
comunicaciones moviles


 Interior, ante las nuevas amenazas, quiere elevar las obligaciones de
control que impone a los grupos de telefonía, que implican más
inversiones y personal. La nueva regulación de telecomunicaciones que
prepara el Ministerio de Industria establece que el coste económico de
las intervenciones telefónicas legales, es decir los pinchazos del
teléfono que se realizan a petición de las fuerzas policiales y con
autorización judicial, deberá ser sufragado por los peticionarios, es
decir, en última instancia por el Estado.

Aunque, en general, las operadoras son reacias a proporcionar
información sobre este asunto, el número de pinchazos legales que se
realizan en España se sitúa, según fuentes del sector, alrededor de los
50.000 anuales, y básicamente centrados en las tres operadoras de
telefonía móvil que operan en el mercado español: Telefónica Móviles,
Vodafone y Amena.

Preferencias por el móvil

Las redes de telefonía fija también reciben peticiones de intervención
judicial, pero su volumen es muy inferior, situándose alrededor del 10%
del total. Las operadoras de telecomunicaciones siempre han estado
obligadas a facilitar las escuchas legales, puesto que este requisito se
ha incluido en los pliegos de los concursos para adjudicar las
licencias.

Fuentes policiales sostienen que este balance de escuchas entre redes
móviles y fijas es lógico, puesto que las bandas organizadas prefieren
usar teléfonos móviles con tarjetas prepago, cuya titularidad es mucho
más difícil de localizar. Además, la tecnología GSM incluye desde su
propio diseño un sistema de encriptación de la señal, que la hace mucho
más difícil de intervenir que las redes fijas.

Borrador en trámite

La nueva norma se incluirá en el reglamento sobre servicio universal y
derechos del ciudadano que prepara la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones del Ministerio de Industria. El borrador de
reglamento se encuentra en trámite administrativo y ya ha sido enviado
al Consejo de Estado para que lo informe(p.ej. las comunicaciones(
recepcion emision y posicionamiento d las mismas) de personas que hayan
sido detenidas por colaboración con b.a.) En cualquier caso, requería,
además, un desarrollo detallado a través de una orden ministerial
posterior. 


El esquema que defiende Industria y que trata de hacer valer, ante la
resistencia del Ministerio del Interior, es que los operadores asuman el
coste de la inversión necesaria para instalar los equipos para la
prestación de este servicio oficial, pero que sea el peticionario el que
asuma el coste unitario en que incurren las operadoras para proporcionar
a la policía cada intervención telefónica. Previsiblemente, este coste,
que sería imputado inicialmente a las fuerzas de seguridad o al juzgado
que autorizase la escucha, acabaría cargandose a las costas judiciales.

Exigencias crecientes

La razón de esta actitud por parte de las operadoras de
telecomunicaciones es que el borrador del nuevo reglamento introduce
mayores exigencias técnicas por parte de los cuerpos y fuerzas de
seguridad del Estado -de hecho el borrador dedica 18 artículos a esta
materia- lo que obligará a las empresas del sector a incrementar
notablemente las inversiones y empleados que destinan a este fin.

Fuentes del sector estiman que la adaptación al nuevo entorno normativo
podría suponer por parte del conjunto del sector inversiones estimadas
en noventa millones de euros.


A estas inversiones materiales hay que añadir el coste del aumento de
personal que sería necesario destinar para cumplir estos requerimientos.
Los operadores consultados consideran que sería necesario, al menos,
duplicar las plantillas de estos departamentos. Además, las exigencias
de seguridad son crecientes. El consejo europeo de Justicia e Interior
del pasado 2 de diciembre debatió y aprobó una propuesta sobre retención
de datos por parte de las operadoras. La propuesta, que no será aprobada
definitivamente hasta junio de este año, prevé incrementar el tipo de
datos que deberán almacenar los operadores, más allá de los que ahora
guardan, referidos básicamente al tráfico y necesarios para la
facturación.

Entre ellos figura como posibilidad que los operadores conserven datos
de las llamadas efectuadas con tarjetas prepago -por tanto teóricamente
anónimas- durante al menos 6 meses.

Un conflicto entre lo público y lo privado
-
Las fuerzas de seguridad han decidido aumentar el control sobre las
comunicaciones debido al nuevo escenario.
Estos nuevos requerimientos, especialmente en el caso de las escuchas
legales, requieren más inversiones materiales de los operadores y más
gastos operativos, sobre todo de aumento de las plantillas. 
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Agentes antiterroristas acusan a Telefónica de "poner demasiadas pegas"
para pinchar móviles.

"Si pedimos con urgencia un dato sobre un teléfono móvil, ya sea sobre
el tráfico de llamadas que ha registrado o sobre su localización exacta,
no podemos esperar y Telefónica, en demasiadas ocasiones, nos pone
muchas pegas para facilitarnos con rapidez la información que les
pedimos, incluso cuando tenemos los pertinentes mandamientos
judiciales".


Según estas fuentes policiales, la reticencia a facilitar los datos ha
llevado a que, en al menos una ocasión, un juez de instrucción amenazara
a los responsables de la operadora con su detención si no se avenían a
colaborar con rapidez. "Al final, el tema se solucionó, pero demuestra
el grado de tensión que se ha llegado a alcanzar entre nosotros [los
policías] y los directivos de Telefónica con los que tratamos estos
temas".

La mayor compañía de telecomunicaciones española es la principal
destinataria de las críticas de la Policía, pero no la única. "Es
evidente que, por número de clientes, Movistar es a la que más
peticiones de información hacemos, pero Vodafone y Amena también han
llegado a plantear pegas, aunque suelen ser sensiblemente más receptivas
a nuestros requerimientos", dice un agente acostumbrado a tratar con
ellas.

Los agentes de la lucha "antiterrorista" consultados por este diario
aseguran que las excusas que les ponen las diferentes compañías se basan
en una supuesta incapacidad técnica para recabar la información que les
piden o en que los datos solicitados ya han sido borrados de las
memorias de sus equipos por el tiempo transcurrido.

Controlas más a los clientes

Por ello la Comisaría General de Información envió un informe al
ministro del Interior, José Antonio Alonso, en el que se recogían, entre
otras recomendaciones para mejorar la lucha contra el terrorismo, dos
puntos dirigidos a obligar a las compañías de telefonía móvil a aumentar
el control sobre sus clientes y, en concreto, sobre los que poseen
tarjetas prepago.

Los policías pedían poder "exigir los datos de identidad de los
destinatarios finales de las tarjetas SIM prepago que se adquieren en
los establecimientos autorizados, de la misma forma que en la actualidad
se hace con los usuarios de las compañías de telefonía móvil que
efectúan su conexión a la red por medio de un contrato".

Además, los agentes querían que fuera obligatorio para "las compañías
del sector, con respecto a los seguimientos de los tráficos de llamadas
de las tarjetas SIM prepago, una mayor amplitud del plazo de tiempo
durante el que se guardan los datos, ya que para las investigaciones
policiales el período a veces resulta corto".
¿Quién corre con los gastos?

Las recomendaciones de la Comisaría General de Información -que
recibieron el visto bueno de Interior- se encontraron con el recelo de
las propias empresas de telefonía. "Para hacer lo que piden se necesita
mucho personal y nuevas inversiones, y al final somos nosotros los que
debemos correr con los gastos, y no olvidemos que esto es una empresa
privada", aseguran a este diario desde Telefónica.

Según fuentes de esta empresa, los diferentes cuerpos policiales les
piden cada año una media de 7.000 'pinchazos' de teléfonos fijos y más
de 30.000 a móviles, además de miles de informaciones de otro tipo, como
el tráfico de llamadas, los datos de titulares o la localización
geográfica de terminales. Y cada año van a más.

"Actualmente tenemos a cerca de medio centenar de empleados dedicados a
tiempo completo a atender las peticiones de la Policía. ésta ha quitado
gran parte de los medios que dedicaba a conseguir esta información e,
incluso, el lugar físico donde se hacían los pinchazos nos lo pide AHORA
A NOSOTROS(Telefonica). Y todo sin que nadie quiera correr con los
gastos que todo ello nos supone, porque los Ministerios de Justicia e
Interior te remiten el uno al otro cuando se los reclamas", se quejan
desde Telefónica. 


Acceso directo sin intermediarios

Las fuentes policiales insisten en la necesidad de elaborar una ley de
telecomunicaciones que permita a los Cuerpos de Seguridad acceder
directamente a los datos de los operadores sin necesidad de mandamientos
judiciales previos, "como ocurre en otros países de nuestro entorno. En
Gran Bretaña, los agentes tienen incluso sus propios terminales desde
los que hacer la consulta directamente sin tener que pasar por las
compañías de telefonía".

Siempre, según los policías consultados, esta reforma legal eliminaría
gran parte de los enfrentamientos que en la actualidad mantienen con las
operadoras de telefonía. Pero, mientras ese momento llega, la guerra
soterrada entre Interior y las diferentes empresas se mantiene. 


-- 
Agur
  txipi

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Anti-Victim Device:
	A small fashion accessory worn on an otherwise
conservative outfit which announces to the world that one still has a
spark of individuality burning inside: 1940s retro ties and earrings
(on men), feminist buttons, noserings (women), and the now almost
completely extinct teeny weeny "rattail" haircut (both sexes).
		-- Douglas Coupland, "Generation X: Tales for an Accelerated
		   Culture"

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